Isabel López Riera es fiscal de Seguridad Vial en Cataluña desde 2013, cuando fue nombrada especialista en esta materia en la Fiscalía Provincial de Barcelona. Explica que, dentro de la Fiscalía, el trabajo se organiza por especialidades: cada fiscal se dedica de forma preferente a un ámbito concreto (seguridad vial, violencia de género, menores, etc.), lo que permite profundizar mucho más en cada materia y elevar la calidad del trabajo. En su caso, se ocupa sobre todo de los siniestros más graves: aquellos en los que hay personas fallecidas o víctimas con lesiones de especial gravedad, tanto en la capital (Barcelona ciudad) como en las secciones territoriales de la Fiscalía y en el resto de la provincia.

Su día a día arranca en cuanto se produce un siniestro grave: toma conocimiento del asunto desde el primer momento y se dirige al juzgado para que ese procedimiento lo lleve la fiscal especializada en seguridad vial. A partir de ahí, impulsa la instrucción para que el caso no se eternice en fase de investigación: pide diligencias, supervisa que se practiquen las pruebas necesarias, y trata de que el asunto se resuelva lo antes posible, bien archivando si no hay delito, bien llevando el caso a juicio si procede. Cuando hay juicio oral, la fiscalía interviene en sala defendiendo la calificación de los hechos y, si se dicta condena, también participa en la fase de ejecución de la sentencia, vigilando que se cumpla lo acordado y, muy especialmente, que se respeten los derechos de las víctimas y se exija la responsabilidad penal a quien corresponda.

Sobre la sensación social de que “solo se busca un culpable” y no tanto las causas técnicas del accidente, Isabel lo desmonta de raíz: para ella ambas cosas van absolutamente unidas. Para decidir si alguien es responsable, primero hay que saber con el máximo rigor qué ha ocurrido. Y ahí el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad —la policía judicial de tráfico— es esencial. Son ellos quienes reconstruyen el siniestro, describen al juzgado qué ha pasado y con qué dinámicas, y esa base técnica es la que permite después valorar si hubo una conducta penalmente reprochable o no. A veces, de esa investigación sale una responsabilidad penal clara; otras, se concluye que la persona implicada no ha cometido un delito, aunque haya habido un accidente. Pero sin un buen análisis técnico previo, no hay forma seria de trazar esa línea.

En ese contexto, la tecnología —y en particular el EDR, el sistema de registro de datos del vehículo— es, según explica, una herramienta más al servicio de esa reconstrucción. Subraya que el EDR no es una “caja negra” al estilo de los aviones, sino un registro muy concreto de parámetros técnicos del coche: durante unos cinco segundos antes del impacto y hasta la colisión, el sistema almacena datos como la velocidad, si se ha pisado el freno, el estado de determinados sistemas, etc. Esos datos no sustituyen al resto de pruebas, sino que se suman a ellas: hay que ponerlos en relación con declaraciones de testigos, informes de la policía, mediciones en el lugar, cámaras de tráfico, estudios de velocidad tradicionales y cualquier otra diligencia de investigación que se haya practicado. Bien utilizados, ayudan a afinar la reconstrucción y a acercarse más a la verdad de lo ocurrido.

Respecto al miedo de algunos conductores a que el EDR vulnere su intimidad, Isabel es clara: desde la Fiscalía consideran que no se está afectando a derechos fundamentales. Los datos que recoge el EDR son datos técnicos y objetivos del vehículo, no información personal sobre la vida privada del conductor. Saber a qué velocidad iba el coche o si se pisó el freno justo antes del choque no tiene nada que ver, recuerda, con registrar conversaciones, ubicaciones prolongadas o aspectos íntimos de la persona. Son parámetros físicos del vehículo en un momento muy concreto, ligados a un hecho con trascendencia penal, y por eso entienden que no invaden el derecho a la intimidad.

Por último, la fiscal también se detiene en el impacto de la nueva movilidad, especialmente de los Vehículos de Movilidad Personal (como los patinetes eléctricos), en la accidentalidad de Cataluña, y muy particularmente en Barcelona. Señala que la llegada de nuevos vehículos y nuevas formas de desplazarse por la ciudad incrementa el riesgo si no van acompañados de normas claras y de una cultura de seguridad. El resultado es una incidencia creciente en siniestros y conflictos de tráfico. Las últimas reformas legales —como la introducción de seguros obligatorios y otras medidas sobre VMP— van precisamente en la línea de ordenar este escenario y garantizar que, cuando se produce un siniestro, las víctimas queden protegidas y haya mecanismos claros para exigir responsabilidades y resarcir los daños. Para ella, en el fondo, todo se resume en lo mismo: combinar técnica, derecho y tecnología para conocer bien qué ha pasado y proteger, al máximo posible, a quienes resultan perjudicados en la carretera.

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