Iván Mercado - Vokaribe Radio - [email protected]

Octavio González es un reportero comunitario que vive en el barrio El Bosque al suroccidente de Barranquilla. Desde hace un par de meses su casa se ha convertido en un miniestudio donde produce contenidos para la Vokaribe Radio, la emisora comunitaria que suena en ese lado de la ciudad.

El ejercicio de “reportería a distancia” no ha sido fácil para Octavio. A los cortes continuos en el fluido eléctrico y una precaria conectividad a internet, se suma la restricción a la movilidad por toques de queda. Tampoco ha sido fácil para la emisora. El cierre de la biblioteca donde funciona y la incertidumbre sobre el retorno al estudio le ha obligado a buscar alternativas para seguir al aire y no tener que apagar el transmisor.

Lo que sucede con Octavio y con la emisora ilustra los retos no solo de la reportería y la radio comunitaria, sino de la comunicación alternativa, independiente y popular en tiempos de pandemia.

Diversas voces en el sector mencionan que se han sentido desamparadas por el gobierno nacional y local porque ninguno ha puesto en funcionamiento planes de contingencia para su rescate. Otras voces invitan al debate para la construcción de una política pública que derive en una “Ley de medios” y que garantice la pluralidad de la comunicación en situaciones de riesgo.

Pero en esta pandemia el gobierno sí ha actuado, sólo que no de la manera esperada. El 17 de marzo declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. De esa declaratoria el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) expidió el Decreto 464 que expresa que los servicios de telecomunicación, radiodifusión sonora, televisión y postales son esenciales y el Decreto 658 que aplaza -para las radios comunitarias y de interés público- el pago de aportes al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Aplazar el pago de una deuda a un sector en emergencia es un paliativo, no un salvavidas.

En tiempos pandémicos, dos tareas titánicas concentran la energía de pequeñas iniciativas de comunicación: por un lado, mantener informada a la ciudadanía local y, por otro, mantenerse a flote en la crisis global del modelo hegemónico de los medios. Guillermo Mastrini, académico de la Universidad de Buenos Aires, dijo en una reciente conversación sobre libertad de expresión convocada por el Proyecto Antonio Nariño: “Si estamos convencidos […] que la democracia depende de un debate robusto, público y plural, la única manera de sostener esto es que los más pequeños no desaparezcan”. Por su parte, en la misma conversación, Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión, concluyó que “garantizar independencia, protección, seguridad y pluralismo son las principales obligaciones positivas de un estado frente a la libertad de expresión”.

De eso se trata el oficio de Octavio, de observar, cuestionar y explicar una realidad hiperlocalizada y de eso se trata una emisora comunitaria, de ejercer el derecho a la comunicación, el acceso a la información y la libertad de expresión. Si en tiempos de crisis no hay garantías por parte del Estado para el ecosistema de medios comunitarios, independientes, alternativos y populares, el riesgo de convertirse en -o consolidarse como- un país silenciado, es mucho mayor.

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