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Escuchar "Resumen Informativo 2017 - Crisis generalizada en Puerto Rico"
Síntesis del Episodio
Puerto Rico vivió uno de los años más duros del que se tenga memoria. En 2017 se profundizó la crisis económica en la isla. En mayo el gobierno se declaró en bancarrota. La deuda pública superaba los 70 mil millones de dólares, lo que equivale a 20 mil dólares por cada puertorriqueño. Desde la ciudadanía crearon un movimiento para exigir la auditoría de esta deuda. Hace dos años se instaló una comisión plural para estudiar la factura boricua. Sin embargo, el nuevo gobernador, Ricardo Roselló, apenas tomó posesión eliminó la comisión de auditoría, dándole la espalda a los votantes y bloqueando este proceso
Adicionalmente a esto, la junta de control fiscal impuesta por EEUU siguió tomando decisiones contra el pueblo puertorriqueño. La junta impuso fuertes recortes en los presupuestos para educación, salud y seguridad. Se han cerrado escuelas, y despedido a decenas de médicos, enfermeros y maestros. Solo en la universidad de Puerto Rico la junta recortó 300 millones de dólares. En febrero los estudiantes, profesores y trabajadores de esta casa de estudio realizaron varios paros contra los recortes. Escuchemos al estudiante boricua Victor Torres Montalvo.
SONIDO PUERTO RICO 2
Las protestas no dieron resultado. Los recortes se mantuvieron. Para el año 2018, la junta ya anunció que van a reducir los salarios y pensiones de los puertorriqueños.
Otra noticia importante fue el plebiscito sobre el status de la isla frente a EEUU. Una de las primeras medidas del nuevo gobernador Ricardo Roselló fue convocar esta consulta no vinculante. Inicialmente los independentistas y los libreasociados aceptaron el reto y se sumaron a la campaña. Pero el gobierno no dio garantías de transparencia y seguridad electoral. Toda la oposición se retiró de la contienda y llamó a la abstención. La consulta se realizó el 11 de junio. Los niveles de abstención alcanzaron el 77%. Solo votó un poco más del 22% del electorado. Los pocos que participaron, apoyaron la anexión. Luego de la votación, Roselló nombró una comisión para promover en los círculos políticos de Washintgon la incorporación de Puerto Rico a EEUU.
Todo esto ocurría, con un telón de fondo complicado. En Puerto Rico viven cerca de 4 millones de personas. De ellos, solo 900 mil tienen un empleo. El 45% de la población vive en pobreza extrema. Cada año más de 160 mil boricuas dejan la isla huyendo de la miseria.
Y por si esto fuera poco, en 2017 dos poderosos huracanes golpearon la isla. El 7 de septiembre Irma pasó cerca y dejó a la mitad de la población sin electricidad. Dos semanas después, sin haberse recuperado de Irma, el huracán María arrasó suelo boricua. María alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. El 90% de los puertorriqueños se quedó sin servicio eléctrico y el 75% sin agua potable. Inicialmente las autoridades informaron que tardarían 6 meses en restablecer la electricidad en toda la isla. La Autoridad de Energía Eléctrica le dio esta tarea a la empresa estadounidense Whitefish Energy, sin ninguna experiencia en el área. El único mérito de Whitefish Energy era haber financiado la campaña de Trump a la presidencia. El escándalo obligó a rescindir el contrato y renunció el director de la Autoridad de Energía Eléctrica.
En medio de la destrucción por los huracanes, la situación colonial de Puerto Rico complicó el envío de ayuda humanitaria. Las leyes de cabotaje le impiden a la isla recibir ayuda humanitaria de otros países. Solo pueden llegar barcos estadounidenses a los puertos boricuas. Además de esta situación, la respuesta del gobierno de Donald Trump fue lenta y negligente. El pueblo boricua protestó y exigió rapidez de Washington. Trump viajó a San Juan dos semanas después del paso de María. Fue recibido en medio de protestas y críticas de su gestión de la crisis.
A finales de octubre, las autoridades de Puerto Rico se habían quedado sin dinero. El gobernador Ricardo Roselló solicitó la condonación de parte de la deuda boricua, pero Trump fue enfático. Puerto Rico tendrá que pagar todo lo que debe. El dilema para el 2018 estará en reconstruir o pagar la deuda.
Adicionalmente a esto, la junta de control fiscal impuesta por EEUU siguió tomando decisiones contra el pueblo puertorriqueño. La junta impuso fuertes recortes en los presupuestos para educación, salud y seguridad. Se han cerrado escuelas, y despedido a decenas de médicos, enfermeros y maestros. Solo en la universidad de Puerto Rico la junta recortó 300 millones de dólares. En febrero los estudiantes, profesores y trabajadores de esta casa de estudio realizaron varios paros contra los recortes. Escuchemos al estudiante boricua Victor Torres Montalvo.
SONIDO PUERTO RICO 2
Las protestas no dieron resultado. Los recortes se mantuvieron. Para el año 2018, la junta ya anunció que van a reducir los salarios y pensiones de los puertorriqueños.
Otra noticia importante fue el plebiscito sobre el status de la isla frente a EEUU. Una de las primeras medidas del nuevo gobernador Ricardo Roselló fue convocar esta consulta no vinculante. Inicialmente los independentistas y los libreasociados aceptaron el reto y se sumaron a la campaña. Pero el gobierno no dio garantías de transparencia y seguridad electoral. Toda la oposición se retiró de la contienda y llamó a la abstención. La consulta se realizó el 11 de junio. Los niveles de abstención alcanzaron el 77%. Solo votó un poco más del 22% del electorado. Los pocos que participaron, apoyaron la anexión. Luego de la votación, Roselló nombró una comisión para promover en los círculos políticos de Washintgon la incorporación de Puerto Rico a EEUU.
Todo esto ocurría, con un telón de fondo complicado. En Puerto Rico viven cerca de 4 millones de personas. De ellos, solo 900 mil tienen un empleo. El 45% de la población vive en pobreza extrema. Cada año más de 160 mil boricuas dejan la isla huyendo de la miseria.
Y por si esto fuera poco, en 2017 dos poderosos huracanes golpearon la isla. El 7 de septiembre Irma pasó cerca y dejó a la mitad de la población sin electricidad. Dos semanas después, sin haberse recuperado de Irma, el huracán María arrasó suelo boricua. María alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. El 90% de los puertorriqueños se quedó sin servicio eléctrico y el 75% sin agua potable. Inicialmente las autoridades informaron que tardarían 6 meses en restablecer la electricidad en toda la isla. La Autoridad de Energía Eléctrica le dio esta tarea a la empresa estadounidense Whitefish Energy, sin ninguna experiencia en el área. El único mérito de Whitefish Energy era haber financiado la campaña de Trump a la presidencia. El escándalo obligó a rescindir el contrato y renunció el director de la Autoridad de Energía Eléctrica.
En medio de la destrucción por los huracanes, la situación colonial de Puerto Rico complicó el envío de ayuda humanitaria. Las leyes de cabotaje le impiden a la isla recibir ayuda humanitaria de otros países. Solo pueden llegar barcos estadounidenses a los puertos boricuas. Además de esta situación, la respuesta del gobierno de Donald Trump fue lenta y negligente. El pueblo boricua protestó y exigió rapidez de Washington. Trump viajó a San Juan dos semanas después del paso de María. Fue recibido en medio de protestas y críticas de su gestión de la crisis.
A finales de octubre, las autoridades de Puerto Rico se habían quedado sin dinero. El gobernador Ricardo Roselló solicitó la condonación de parte de la deuda boricua, pero Trump fue enfático. Puerto Rico tendrá que pagar todo lo que debe. El dilema para el 2018 estará en reconstruir o pagar la deuda.