A partir del 1 de enero de 1981 y en plena dictadura cívico militar (1973-1990), las y los trabajadores fueron obligados por ley a que se les descontará parte de su sueldo y que esta parte fuera una cuenta de capitalización individual. Estos fondos serían administrados por entidades privadas creadas especialmente para este fin: las hoy tristemente célebres Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP. Así, supuestamente, esos fondos se incrementarían en el tiempo para entregar jubilaciones dignas al término de la vida laboral. Se trataba de un sistema único en el mundo, en el sentido de privatizar por completo el sistema previsional… pero... solo aplicado para las y los civiles, pues las Fuerzas Armadas y Carabineros mantenían, y mantienen, sin cambio su sistema de reparto, en el cual el Fisco de Chile aporta el 90 % de su financiamiento (es decir, tú, yo y la totalidad de las y los chilenos con nuestros impuestos). El sistema fue ideado por el entonces ministro del Trabajo José Piñera, en el marco del diseño ideológico neoliberal a ultranza de los Chicago Boys. Si bien su propuesta fue de aplicación universal, ni el dictador ni la junta de gobierno aceptaron el cambio para sus tropas. ¿En qué consiste este sistema? A grandes rasgos, las y los trabajadores deben aportar cada mes el 10 % de su sueldo a una cuenta individual más el cobro de administración que hace la AFP respectiva (este cobro, a diciembre de 2019, va desde 0,69 % a 1,45 % del sueldo). El fondo es invertido en acciones de empresas para maximizar los recursos, con la promesa de que, al jubilar, cada cotizante tendrá al menos el 70 % de su último sueldo.

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