La columna de hoy es muy corta porque mediante ella solamente queremos enviar un mensaje muy directo.
Nos solidarizamos con las marchas que hoy 26 de julio tienen lugar en todas las ciudades y municipios del país, para que se escuche con toda nitidez la voz del pueblo colombiano, que rechaza y condena el sistemático asesinato de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, desmovilizados, servidores de la comunidad.
Las autoridades, según la Constitución, están instituidas con el específico objeto de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, su integridad, su libertad y sus derechos, entre otros valores de primer orden.
El de la vida es el primero de todos los derechos. El Estado debe garantizarla. Cada rama del poder público, cada órgano y cada funcionario, dentro de la órbita de sus atribuciones constitucionales y legales, debe actuar, bajo la coordinación del Jefe del Estado, para prevenir los crímenes, y para asegurar que los criminales -autores materiales y autores intelectuales- paguen por los que han cometido.
Que no sea una proclama, ni un discurso, sino una política trazada y ejecutada con decisión y firmeza.

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