Más allá de criticar una vez más - como muchos lo han venido haciendo con razón- la infortunada frase de la Ministra del Interior Arango, según la cual en Colombia mueren más personas por robarles el celular que por ser líderes sociales, conviene reflexionar acerca del mensaje implícito en la equívoca comparación. Es un mensaje que preocupa en alto grado, por venir precisamente de quien tiene a su cargo funciones relativas a la política gubernamental para la protección de la ciudadanía y el mantenimiento de un orden público pacífico y ajustado a la ley, las relaciones de la Nación con las entidades territoriales y con las comunidades indígenas, sino por lo que significa en cuanto a la concepción del Gobierno sobre la grave situación que refleja un plan sistemático para dar muerte a un determinado grupo de colombianos por causa de su actividad y liderazgo en favor del interés colectivo, o por sus compromisos con la paz o con los derechos humanos. Parece que eso tan grave no fuera del interés oficial, que no interesara al Ejecutivo.

Tras la infortunada expresión ministerial, varios líderes y otras personas han muerto, sin saber a manos de quién. Y fue asesinado con sevicia el escolta de uno de los más importantes líderes sociales: Leiner Preciado. Y hay amenazas contra otros. Pero la Ministra mira todo desde las estadísticas, y no considera extraño ni grave lo que pasa.

No recuerda la Ministra que la protección de la vida e integridad de todas las personas residentes en Colombia es la primordial función de las autoridades?

Cree ella que las familias de las víctimas, como lo dice despectivamente, "chillan" - qué deplorable expresión frente a la muerte de seres humanos- por nada? Que reclaman lo que no deberían reclamar? Que deben conformarse y guardar silencio?

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