A raiz del paro del 21N y de la serie de protestas que se han venido ejerciendo en el país, el alcalde electo de Medellín ha propuesto la convocatoria de una asamblea constituyente, con el objeto de introducir una reforma a la Carta Política de 1991.
La propuesta no se debe rechazar de plano. El mecanismo de reforma está previsto en la propia Constitución, junto con los actos legislativos del Congreso y el referendo. Pero, por una parte, habría que establecer cuáles asuntos serían objeto de la propuesta -no se ha dicho-, y por otra parte, es necesario preguntarse si este sería el momento más propicio para reformar la Constitución.
Quizá, a propósito de la caóticas normas que se precipitaron hace tres años tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, se habría podido convocar una constituyente, en vez de los actos legislativos aprobados, que no fueron muy afortunados. Pero la oportunidad ya pasó y las circunstancias actuales del país son muy distintas.
Lo que se tiene en el momento es un gran descontento con políticas y decisiones gubernamentales, no con la preceptiva constitucional. Por el contrario, buena parte de lo que la gente está pidiendo en las calles -en uso de libertades constitucionales- es realizar el Estado Social de Derecho previsto en la Constitución y cumplir sus normas, en vez de las propuestas y políticas neo liberales y del erróneo actual manejo de lo económico, lo laboral, lo social y lo ecológico. Eso no se corrige con una reforma constitucional sino con un genuino diálogo. Que el Ejecutivo escuche al pueblo y adopte resoluciones.
No parece ser la conyuntura indicada para una Constituyente. Como dice la Biblia, "cada cosa tiene su momento y todo tiene su tiempo bajo el cielo".

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