Escuchar "Onalia Bueno: “Mogán lidera a Canarias y no vamos a dejar tirados ni a nuestros vecinos ni a los pequeños propieta"
Síntesis del Episodio
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, hizo en Radio Faro un amplio balance de un 2025 “intensísimo” que, en su opinión, se resume en una idea: “Mogán lidera a Canarias”. Presume de que el municipio es “modélico en gestión”, capta financiación extra de Europa, del Estado, del Gobierno canario y del Cabildo, ejecuta las obras y justifica cada euro sin tener que devolver fondos. Destaca que, pese a los conflictos, no ha perdido la cercanía con la gente, mantiene un grupo de gobierno compacto y se ha convertido en altavoz de muchos vecinos de Gran Canaria que se sienten representados por ella. Mira a 2026 como un año “todavía más movido” en plena precampaña, y afirma que recogerán los frutos en 2027 si siguen trabajando con el mismo ritmo y “velocidad máxima”.
Uno de los ejes de la entrevista es el pleito por los fondos FDECAN frente al Cabildo de Gran Canaria. Bueno recuerda que el Tribunal Superior de Justicia ya ha fallado a favor de Mogán y de San Mateo, y acusa al presidente Antonio Morales de un reparto “sectario e hipócrita” que deja a Mogán penúltimo en otras líneas de subvención. Asegura que le advirtió de que perdería “la primera, la segunda y la tercera batalla” judicial, que el recurso al Supremo no será admitido y que el Cabildo tendrá que sentarse a pagar “la pasta que corresponde, con intereses de demora”, porque saldrá más caro que haber negociado desde el principio. Al mismo tiempo, subraya que Mogán es el municipio que mejor cumple con la justificación de los planes de cooperación e inversiones insulares, mientras otros arrastran obras sin justificar desde 2022, 2023 y 2024.
En materia de financiación propia, defiende con firmeza la tasa turística municipal, a la espera de una sentencia prevista para febrero. Explica que solo en el segundo semestre, con 0,15 €/día por persona, Mogán recaudó 663.000 euros y que no han inflado el presupuesto hasta saber qué dice el contencioso. Mientras tanto, el Ayuntamiento asesora a otros municipios turísticos como La Oliva, Puerto de la Cruz, Pájara e incluso ciudades de la península como Málaga, y varios consistorios esperan el fallo para copiar el modelo. Bueno acusa al Gobierno de Canarias, especialmente al PP, de perder una “ocasión brillante” para implantar una tasa autonómica cedida a los ayuntamientos, como ya hace Galicia con mayoría absoluta popular. Con un cálculo de 73 millones de pernoctaciones y 18 millones de visitantes, sostiene que una tasa de 2€ generaría 146 millones anuales que podrían destinarse a vivienda pública o al ciclo integral del agua en todas las islas. Critica tanto al PP por bloquear la tasa como a los partidos que se decían de izquierdas por no implantarla cuando gobernaron, y acusa a parte del empresariado hotelero de oponerse en Canarias mientras acepta sin protestar tasas similares en Cataluña, Baleares, otras comunidades y países donde también operan.
El otro gran bloque de la entrevista es la batalla por la Ley de Vivienda Vacacional. Bueno relata el recorrido del texto, que arrancó con un anteproyecto “desastroso” y ha ido cambiando “a golpes de realidad” y presión municipal. Su crítica central es que el Gobierno autonómico ha llevado las VV a la ley de actividades clasificadas y su nomenclátor, normas anteriores a 2015, lo que, a su juicio, hace inviable encajar un producto nuevo en un marco viejo y provocaría la desaparición de decenas de miles de viviendas vacacionales. Denuncia que la consejera Jessica de León ha pedido a los propietarios hacer primero la comunicación previa municipal y luego la declaración responsable ante el Gobierno, cuando la propia ley establece el orden contrario. Por eso, insiste, salió públicamente a pedir que “nadie hiciera caso” a esas instrucciones y defendió que el procedimiento correcto es mantener la declaración responsable y tramitar después la comunicación previa y la tasa municipal.
Según la alcaldesa, el resultado es un “caos jurídico y administrativo”: 88 ayuntamientos haciendo cosas distintas, casos como el de Yaiza (Lanzarote) con más de mil solicitudes a las que han anunciado que no responderán, una ley aún sin publicar en el BOC, pero que ya se pretende retocar por decreto ley para incorporar enmiendas que se quedaron fuera el mismo día de la votación. Bueno sostiene que esta forma de legislar pone en riesgo la economía de miles de familias, especialmente de pequeños propietarios, que dependen de los ingresos de una o dos viviendas para pagar hipotecas encarecidas. Pone el ejemplo de una compañera divorciada, con una hija, sueldo de 1.300 euros, hipoteca de 800 y una vivienda vacacional que le permite no perder la casa. Asegura que el 80% de las VV está en manos de pequeños tenedores y que el Gobierno de Canarias pretende “echarlos” del mercado mientras deja con “salvoconducto” a los grandes tenedores con bloques completos, piscina, cafetería y servicios donde sí ve lógico aplicar actividades clasificadas. Cita sentencias de tribunales superiores de otras comunidades que consideran que la VV no despliega servicios de hotel y no puede tratarse como actividad económica sujeta a ese régimen.
Frente a las críticas del PSOE de Mogán, que la acusa de oportunismo por haber apoyado antes a quienes impulsaban la norma y ahora presentarse como defensora de los vecinos sancionados, Bueno responde que están confundiendo conceptos: las sanciones actuales del Gobierno canario, dice, se dirigen a residentes en zonas turísticas, no a viviendas vacacionales, y asegura que “no hay ni una multa a VV”. Aprovecha para reprochar al concejal socialista que “no estudia, no lee y no trabaja en Mogán” mientras es cargo de confianza en el Cabildo. Sobre el debate de fondo, advierte de que si la ley expulsa las VV del mercado, esas viviendas no se convertirán en alquiler residencial, porque la actual Ley de Arrendamientos Urbanos genera una sensación de inseguridad (inquiokupas, años de espera, imposibilidad de cortar suministros) que disuade al propietario. Vaticina que podríamos pasar de 211.000 viviendas vacacionales a más de 350.000 vacías, sin resolver el problema habitacional y destruyendo riqueza y empleo en sectores como taxis, comercio y restauración que se nutren del turista alojado en VV.
En cuanto a vivienda pública, reconoce que el primer concurso para construir más de 250 viviendas protegidas en Mogán quedó desierto, pero lo presenta como un “fracaso-éxito”: fueron el primer municipio de Canarias que se atrevió a lanzar un plan propio. Tras reunirse con la patronal de la construcción, concluyen que el módulo de 1.900 €/m² fijado por el Gobierno autónomo es insuficiente en zonas alejadas como Mogán, Tejeda, San Mateo o La Aldea por el sobrecoste de transporte y mano de obra, y reclama elevarlo a 2.300–2.400 €/m² y adaptarlo a cada territorio. Mientras llega esa reforma, Mogán cambia de estrategia: apostará por vivienda asequible (con precios algo superiores a la VPO tradicional, unos 20.000 euros más por unidad) y el uso del derecho de superficie en dos parcelas de Puerto Rico, modelo que asegura que ya genera interés en promotores. Para otras parcelas como El Horno y Veneguera, anuncia que será el propio Ayuntamiento quien construya directamente, financiándose con un crédito, ahora que han saldado una deuda de 8 millones por expropiaciones y recuperado capacidad de endeudamiento. Recuerda que ya están en marcha 59 VPO en Arguineguín y que pronto se iniciarán otras 23, mientras otros municipios “siguen haciendo congresos sobre vivienda”.
En el plano político, Onalia Bueno confirma que ha dado pasos más allá del ámbito local con la marca “Somos Gran Canaria” y el sello “Bueno para…”. Aclara que se trata de un proyecto insular, con implantación solo en municipios estratégicos, con gente “libre de mochilas políticas”, procedente del sector privado y bajo su tutela directa. Rechaza la idea de abrir “21 sucursales” en todos los municipios con cualquier candidato disponible y habla de una estrategia de “largo fondo”, con la mirada puesta incluso en 2031, más allá de las elecciones de 2027. Critica los bandazos de otras plataformas como Primero Canarias, recuerda que su líder, Óscar Hernández, nunca llegó a llamarla pese a decirlo en una entrevista, y cuestiona la coherencia de fichajes como el de Juan Antonio Peña (CIUCA), a quien sitúa en la órbita de la derecha y del PP. Aun así, asegura que está dispuesta a sentarse “con todo el que llame”, por cortesía institucional, aunque otra cosa sea el resultado político de esas reuniones.
La entrevista termina mirando a 2026 con un presupuesto municipal que supera los 60 millones de euros, más 11 millones de fondos europeos, “el más grande de la historia de Mogán”, y con la decisión de asumir directamente áreas como deportes para mejorar el servicio. Bueno, resume su receta en “trabajo, perseverancia, constancia y creer en una misma”, afirma ser “experta en esquivar piedras” y dice sentirse muy arropada por el cariño que percibe en sus redes sociales, donde muestra una Onalia política y otra más personal. Cierra felicitando las fiestas, pidiendo el voto para Tejeda en la campaña de Ferrero Rocher como único municipio canario finalista, y promete “hacer algo muy chulo” si Tejeda pasa a la final, convencida de que la ilusión y la visibilidad de los pueblos también forman parte de la Canarias que ella quiere defender.
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Uno de los ejes de la entrevista es el pleito por los fondos FDECAN frente al Cabildo de Gran Canaria. Bueno recuerda que el Tribunal Superior de Justicia ya ha fallado a favor de Mogán y de San Mateo, y acusa al presidente Antonio Morales de un reparto “sectario e hipócrita” que deja a Mogán penúltimo en otras líneas de subvención. Asegura que le advirtió de que perdería “la primera, la segunda y la tercera batalla” judicial, que el recurso al Supremo no será admitido y que el Cabildo tendrá que sentarse a pagar “la pasta que corresponde, con intereses de demora”, porque saldrá más caro que haber negociado desde el principio. Al mismo tiempo, subraya que Mogán es el municipio que mejor cumple con la justificación de los planes de cooperación e inversiones insulares, mientras otros arrastran obras sin justificar desde 2022, 2023 y 2024.
En materia de financiación propia, defiende con firmeza la tasa turística municipal, a la espera de una sentencia prevista para febrero. Explica que solo en el segundo semestre, con 0,15 €/día por persona, Mogán recaudó 663.000 euros y que no han inflado el presupuesto hasta saber qué dice el contencioso. Mientras tanto, el Ayuntamiento asesora a otros municipios turísticos como La Oliva, Puerto de la Cruz, Pájara e incluso ciudades de la península como Málaga, y varios consistorios esperan el fallo para copiar el modelo. Bueno acusa al Gobierno de Canarias, especialmente al PP, de perder una “ocasión brillante” para implantar una tasa autonómica cedida a los ayuntamientos, como ya hace Galicia con mayoría absoluta popular. Con un cálculo de 73 millones de pernoctaciones y 18 millones de visitantes, sostiene que una tasa de 2€ generaría 146 millones anuales que podrían destinarse a vivienda pública o al ciclo integral del agua en todas las islas. Critica tanto al PP por bloquear la tasa como a los partidos que se decían de izquierdas por no implantarla cuando gobernaron, y acusa a parte del empresariado hotelero de oponerse en Canarias mientras acepta sin protestar tasas similares en Cataluña, Baleares, otras comunidades y países donde también operan.
El otro gran bloque de la entrevista es la batalla por la Ley de Vivienda Vacacional. Bueno relata el recorrido del texto, que arrancó con un anteproyecto “desastroso” y ha ido cambiando “a golpes de realidad” y presión municipal. Su crítica central es que el Gobierno autonómico ha llevado las VV a la ley de actividades clasificadas y su nomenclátor, normas anteriores a 2015, lo que, a su juicio, hace inviable encajar un producto nuevo en un marco viejo y provocaría la desaparición de decenas de miles de viviendas vacacionales. Denuncia que la consejera Jessica de León ha pedido a los propietarios hacer primero la comunicación previa municipal y luego la declaración responsable ante el Gobierno, cuando la propia ley establece el orden contrario. Por eso, insiste, salió públicamente a pedir que “nadie hiciera caso” a esas instrucciones y defendió que el procedimiento correcto es mantener la declaración responsable y tramitar después la comunicación previa y la tasa municipal.
Según la alcaldesa, el resultado es un “caos jurídico y administrativo”: 88 ayuntamientos haciendo cosas distintas, casos como el de Yaiza (Lanzarote) con más de mil solicitudes a las que han anunciado que no responderán, una ley aún sin publicar en el BOC, pero que ya se pretende retocar por decreto ley para incorporar enmiendas que se quedaron fuera el mismo día de la votación. Bueno sostiene que esta forma de legislar pone en riesgo la economía de miles de familias, especialmente de pequeños propietarios, que dependen de los ingresos de una o dos viviendas para pagar hipotecas encarecidas. Pone el ejemplo de una compañera divorciada, con una hija, sueldo de 1.300 euros, hipoteca de 800 y una vivienda vacacional que le permite no perder la casa. Asegura que el 80% de las VV está en manos de pequeños tenedores y que el Gobierno de Canarias pretende “echarlos” del mercado mientras deja con “salvoconducto” a los grandes tenedores con bloques completos, piscina, cafetería y servicios donde sí ve lógico aplicar actividades clasificadas. Cita sentencias de tribunales superiores de otras comunidades que consideran que la VV no despliega servicios de hotel y no puede tratarse como actividad económica sujeta a ese régimen.
Frente a las críticas del PSOE de Mogán, que la acusa de oportunismo por haber apoyado antes a quienes impulsaban la norma y ahora presentarse como defensora de los vecinos sancionados, Bueno responde que están confundiendo conceptos: las sanciones actuales del Gobierno canario, dice, se dirigen a residentes en zonas turísticas, no a viviendas vacacionales, y asegura que “no hay ni una multa a VV”. Aprovecha para reprochar al concejal socialista que “no estudia, no lee y no trabaja en Mogán” mientras es cargo de confianza en el Cabildo. Sobre el debate de fondo, advierte de que si la ley expulsa las VV del mercado, esas viviendas no se convertirán en alquiler residencial, porque la actual Ley de Arrendamientos Urbanos genera una sensación de inseguridad (inquiokupas, años de espera, imposibilidad de cortar suministros) que disuade al propietario. Vaticina que podríamos pasar de 211.000 viviendas vacacionales a más de 350.000 vacías, sin resolver el problema habitacional y destruyendo riqueza y empleo en sectores como taxis, comercio y restauración que se nutren del turista alojado en VV.
En cuanto a vivienda pública, reconoce que el primer concurso para construir más de 250 viviendas protegidas en Mogán quedó desierto, pero lo presenta como un “fracaso-éxito”: fueron el primer municipio de Canarias que se atrevió a lanzar un plan propio. Tras reunirse con la patronal de la construcción, concluyen que el módulo de 1.900 €/m² fijado por el Gobierno autónomo es insuficiente en zonas alejadas como Mogán, Tejeda, San Mateo o La Aldea por el sobrecoste de transporte y mano de obra, y reclama elevarlo a 2.300–2.400 €/m² y adaptarlo a cada territorio. Mientras llega esa reforma, Mogán cambia de estrategia: apostará por vivienda asequible (con precios algo superiores a la VPO tradicional, unos 20.000 euros más por unidad) y el uso del derecho de superficie en dos parcelas de Puerto Rico, modelo que asegura que ya genera interés en promotores. Para otras parcelas como El Horno y Veneguera, anuncia que será el propio Ayuntamiento quien construya directamente, financiándose con un crédito, ahora que han saldado una deuda de 8 millones por expropiaciones y recuperado capacidad de endeudamiento. Recuerda que ya están en marcha 59 VPO en Arguineguín y que pronto se iniciarán otras 23, mientras otros municipios “siguen haciendo congresos sobre vivienda”.
En el plano político, Onalia Bueno confirma que ha dado pasos más allá del ámbito local con la marca “Somos Gran Canaria” y el sello “Bueno para…”. Aclara que se trata de un proyecto insular, con implantación solo en municipios estratégicos, con gente “libre de mochilas políticas”, procedente del sector privado y bajo su tutela directa. Rechaza la idea de abrir “21 sucursales” en todos los municipios con cualquier candidato disponible y habla de una estrategia de “largo fondo”, con la mirada puesta incluso en 2031, más allá de las elecciones de 2027. Critica los bandazos de otras plataformas como Primero Canarias, recuerda que su líder, Óscar Hernández, nunca llegó a llamarla pese a decirlo en una entrevista, y cuestiona la coherencia de fichajes como el de Juan Antonio Peña (CIUCA), a quien sitúa en la órbita de la derecha y del PP. Aun así, asegura que está dispuesta a sentarse “con todo el que llame”, por cortesía institucional, aunque otra cosa sea el resultado político de esas reuniones.
La entrevista termina mirando a 2026 con un presupuesto municipal que supera los 60 millones de euros, más 11 millones de fondos europeos, “el más grande de la historia de Mogán”, y con la decisión de asumir directamente áreas como deportes para mejorar el servicio. Bueno, resume su receta en “trabajo, perseverancia, constancia y creer en una misma”, afirma ser “experta en esquivar piedras” y dice sentirse muy arropada por el cariño que percibe en sus redes sociales, donde muestra una Onalia política y otra más personal. Cierra felicitando las fiestas, pidiendo el voto para Tejeda en la campaña de Ferrero Rocher como único municipio canario finalista, y promete “hacer algo muy chulo” si Tejeda pasa a la final, convencida de que la ilusión y la visibilidad de los pueblos también forman parte de la Canarias que ella quiere defender.
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