Este viernes, un nutrido grupo de familiares y retirados de las fuerzas de seguridad de la provincia volvieron a marchar para pedir la libertad de 8 policías miembros de la Mesa de Diálogo Policial y Penitenciaria que funciona desde 2020.
El 16 de septiembre de 2024, el Juzgado de Instrucción 3 que conduce el Doctor Fernando Verón, decidió detener al Oficial Ayudante Diego Correa y tres días después a otros 7 delegados de la Mesa tras conocerse diálogos en un grupo de WhatsApp y otras conversaciones que fueron consideradas prueba de un supuesto acto sedicioso por parte de los imputados.
Este diario, reveló las denuncias que el propio Diego Correa había realizado contra superiores por delitos de tráfico de combustibles en la ciudad de Posadas. Sin embargo, no fue escándalo en la provincia y esos superiores gozan de todos los favores de Marcelo Pérez, Ministro de Gobierno y Sandro Martínez, Jefe de la Policía.
En paralelo, avanza otra causa en el juzgado de Instrucción 6 a cargo de Ricardo Balor y todo hace suponer que serán utilizadas ambas causas como efecto pinzas para ensuciar hasta el cansancio a los 8 delegados detenidos y a, al menos, 22 uniformados más que participaron de las protestas de mayo frente al Comando Radioeléctrico Uno de Posadas, sobre la avenida Uruguay.
Solmaira Cabrera es esposa del Oficial Ayudante Correa, habló esta noche con Diario Lateral acerca del balance que hace sobre la marcha realizada hoy frente a Casa de Gobierno. Para Solmaira, la gente a la que pudieron hacerle llegar volantes del reclamo que impulsan les resultó una causa desconocida. Para otros, una causa de la que tenían información sesgada o parcial de los hechos. Pero, en todos los casos, la desinformación fue el gran denominador común.
No es casualidad ni ironía del destino. El pueblo misionero no está informado de la prisión de estos 8 delegados, ni de la causa que se instruye en el juzgado 6 porque es una orden del poder político provincial. La Renovación de la “Concordia Social” es la fuerza política que gobierna Misiones desde 2003 y, para ir más lejos, su máximo referente ya se hizo de los primeros controles del joystick en 1999 cuando, luego de traicionar a Ramón Puerta, se alzó con la victoria y el puntapié inicial para lo que hoy tenemos como “provincia innovadora y coso”.
El reclamo salarial sin descanso que propuso Ramón Amarilla para empardar los niveles inflacionarios con salarios, derivaron en tensiones, operaciones e intentos de boicotear a Amarilla, a la Mesa y a todos aquellos que apoyaran una lucha decidida y sin concesiones.
El acampe de mayo tiene capítulos anteriores que demuestran que el gobierno decidió cerrar las puertas al diálogo mucho antes del recrudecimiento de la protesta. En enero, Ramón Amarilla, cumplió diez días corridos frente a Jefatura de Policía para poder abrir una nueva instancia de diálogo. Cuatro retirados perdieron la vida producto del calor abrazador de esos días de verano. No aguantaron no ser escuchados mientras el sol los calcinaba. Todo es verdad; enero, el calor, el no diálogo, y la edad de los manifestantes. Todo fue un combo letal que se llevó 4 vidas de forma temprana. Pero el Gobierno no va a paga esa factura.
Probablemente, sea este diario y algunos medios más, muy contados con los dedos de una sola mano, los que continúan de cerca el proceso de cacería de los representantes policiales presos por orden del poder político provincial.

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