El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre el impacto de la ley de amnistía en el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont. La orden de detención nacional contra Carles Puigdemont sigue vigente y activa, y Llarena ha notificado esta situación a la Policía.

Con la entrada en vigor de la ley de amnistía, el juez ha concedido un plazo de cinco días a las partes para que expresen su opinión sobre cómo debería aplicarse esta norma a Carles Puigdemont y otros líderes independentistas que no fueron juzgados por el «procés» debido a su fuga.

Llarena, como instructor de la causa que afecta a Puigdemont, Marta Rovira, y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, quienes nunca fueron juzgados por haber huido del país, ha solicitado a las partes que informen sobre «la aplicabilidad o inaplicabilidad» de la amnistía a los diversos hechos que se les atribuyen.

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