Escuchar "Los directivos del ordenador cuántico gastaron más de un millón"
Síntesis del Episodio
Tras el escándalo del CNIO, les contamos un nuevo desvío de fondos de una entidad pública. Los directivos del Barcelona Supercomputing Center gastaron más de un millón de euros de forma ilegal con tarjetas corporativas, según publica ‘El Español’.
El Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), consorcio público que gestiona el superordenador MareNostrum está bajo investigación por gastos irregulares y presunta malversación de fondos europeos.
El Tribunal de Cuentas detectó que entre 2015 y 2022, que los directivos de esta entidad realizaron gastos no justificados con tarjeta por más de un millón de euros, incluyendo alojamientos y comidas.
Además, la Fiscalía Europea investiga la adjudicación de 8,1 millones de euros al Supercomputing Center para un ordenador cuántico, financiado con fondos europeos, a una empresa participada por el propio consorcio (Kilimanjaro Quantum Tech).
El contrato fue concedido a una única oferta que obtuvo la puntuación máxima. Curiosamente el Barcelona Supercomputing Center colocó a uno de sus investigadores en el consejo de administración de la empresa adjudicataria, lo que podría suponer conflicto de intereses.
El Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), consorcio público que gestiona el superordenador MareNostrum está bajo investigación por gastos irregulares y presunta malversación de fondos europeos.
El Tribunal de Cuentas detectó que entre 2015 y 2022, que los directivos de esta entidad realizaron gastos no justificados con tarjeta por más de un millón de euros, incluyendo alojamientos y comidas.
Además, la Fiscalía Europea investiga la adjudicación de 8,1 millones de euros al Supercomputing Center para un ordenador cuántico, financiado con fondos europeos, a una empresa participada por el propio consorcio (Kilimanjaro Quantum Tech).
El contrato fue concedido a una única oferta que obtuvo la puntuación máxima. Curiosamente el Barcelona Supercomputing Center colocó a uno de sus investigadores en el consejo de administración de la empresa adjudicataria, lo que podría suponer conflicto de intereses.
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