El Gobierno socialista centra su atención en los alquileres turísticos, permitiendo a los vecinos vetar este tipo de arrendamientos.

En su última comparecencia, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, adelantó que, junto al Ministerio de Justicia, están preparando una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para "empoderar" a los vecinos en la decisión de aceptar o no pisos turísticos en sus edificios.

Rodríguez también subrayó que se reformará la Ley de Arrendamientos Urbanos para limitar los alquileres temporales a estudiantes, investigadores y casos demostrables.

El Gobierno opta así por regular los alquileres temporales tras analizar las propuestas presentadas por asociaciones relacionadas con el sector inmobiliario, agentes sociales y del colectivo de inquilinos.

Estos últimos han mostrado su descontento con estas medidas, ya que han declarado que resultan «ineficaces, perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los inquilinos». Según ha comunicado el Sindicato de Inquilinas «el reglamento propuesto permite seguir utilizando el alquiler temporal para cobrar honorarios al inquilino o para hacerle pagar una fianza más alta de la permitida. Esto sigue siendo una brecha para burlar la regulación de precios y para aumentar el precio cada año.

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