El Gobierno ha sacado a licitación, por la vía de urgencia, un contrato valorado en casi 10 millones de euros destinado a poner en marcha una campaña de publicidad masiva cuyo objetivo es “reivindicar la democracia”.

La iniciativa está liderada por el Ministerio de Política Territorial y se ampara en la Ley de Contratos del Sector Público para justificar la tramitación urgente. Según argumenta el Ejecutivo, la medida responde a una “necesidad inaplazable” y se acelera por “razones de interés público”.

Esta campaña se impulsa en un contexto marcado por el deterioro de la imagen institucional del país. En 2024, el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional situó a España cuatro puntos y diez posiciones por debajo respecto al año anterior. Por su parte, el Banco Mundial también redujo a mínimos históricos los indicadores de gobernanza del país.

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