Carlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.

En La Noche de Cuesta, Carlos Cuesta y la periodista Sandra León han repasado este lunes las noticias políticas y judiciales que han marcado la jornada, centradas en el avance del caso de la cloaca socialista, las nuevas revelaciones sobre las adjudicaciones del Ministerio de Transportes, el frente judicial de Santos Cerdán, la evolución del caso del hermano del presidente y las novedades en la comisión de investigación de la dana.

La jornada ha estado marcada por los detalles de la declaración de Leire Díez ante el juez Arturo Zamarriego. La comparecencia confirma —según lo que ella misma ha reconocido— reuniones con Santos Cerdán en el mismo mes en que estalló la imputación de Begoña Gómez, dos encuentros que situó en las fechas clave de abril de 2024, cuando empezaron a circular las primeras informaciones internas relativas a causas que afectaban al PSOE.

El debate ha llegado por la versión que sostiene la izquierda política y mediática: la idea de que Díez actuaba como periodista. Ella atribuye la iniciativa de esos contactos a otra periodista, Patricia López, asegurando que la sustituyó cuando esta enfermó. Sin embargo, los hechos conocidos contradicen esa versión, recordándose que, cuando se destapó el escándalo, el material sensible no fue entregado ni a un juez ni a la Fiscalía, sino directamente al PSOE.La grabación de la fontanera del PSOE: "Tienen comprados a unos fiscales de Anticorrupción"Miguel Ángel Pérez | Paco Cobos | Pablo Pardo

Otro punto relevante del día ha sido el movimiento de la conocida como "fontanera del PSOE", que ha intentado que el juez declare nulas tanto la grabación del fiscal Stampa —en la que se la escucha identificándose como la persona que limpia los casos de corrupción del partido y como enlace con Santos Cerdán y, según los audios, con el presidente— como el primer vídeo que apareció en la videollamada con Alejandro Hamlyn, donde ya se observaba el funcionamiento interno de la estructura.

Los argumentos presentados por Díez se basan en supuestas vulneraciones de derechos fundamentales: derecho a la intimidad, ausencia de autorización judicial y uso de una grabación en un marco extraprocesal. Pese a ello, el juez ha decidido reproducir la grabación en los juzgados, aunque la sesión se ha visto interrumpida por problemas técnicos.

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