por Karina Mariani

Con todo, y aún en el pleno respeto de las decisiones individuales y la soberanía ante la propia vida, no podemos ni naturalizar ni congratularnos ante el surgimiento de este nuevo “derecho”, estamos ante una tragedia que debemos procurar evitar como evitamos tantos otros males con tanto éxito. Cuando una sociedad acepta la muerte como un servicio proporcionado por el Estado para solucionar cualquier grado del sufrimiento humano, ya no sabemos ni de qué clase de sociedad ni de qué clase de Estado estamos hablando.

Pronto quienes tengan menos acceso a tratamientos contra el dolor, contra enfermedades crónicas que resulten agotadoras, quienes tengan poca contención emocional, quienes pasen por depresiones severas o por un momento profundamente trágico, quienes padezcan adicciones o sean más vulnerables psíquicamente a la propaganda de la panacea terminal serán víctimas de un sistema cuya solución ante la adversidad consista en eliminar, sin más, al angustiado, en lugar de atender su angustia. Y todo este andamiaje entregado al poder del Estado según el superior entender de un burócrata y su corte de expertos. ¿No entendimos ya cómo funciona ese matrimonio? ¿Estamos dispuestos a conceder al Estado, también, esa licencia? ¿Qué clase de sociedad desea ser cómplice de ese mandato?

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