La embestida contra la propiedad privada de los últimos años es más fuerte, está bien financiada y coordinada. El objetivo es claro: el propietario como actor social debe ser anulado: ya no sólo se impide que los propietarios determinen el precio o la duración de los contratos, hay sucesivos ataques contra las viviendas que no salen del mercado, se busca impedir a los propietarios verificar los antecedentes penales y crediticios de quienes pretendan alquilar y se ha llegado a imponer como regla que la primera persona que aparezca se queda con la unidad. Nueva York aprobó el derecho del inquilino a transferir su contrato sin necesidad de permiso del dueño.

Cuando se atan todos estos cabos, resulta evidente que el objetivo de fondo es que la vivienda sólo sea poseída y gerenciada por los gobiernos. Pocas veces un ataque contra la propiedad fue tan exitoso como subrepticio. Luego, irremediablemente, serán los gobiernos los encargados de exponer la oferta, organizar los alquileres, poner el precio, determinar la mejor locación para las personas según su sabio entender. El Gobierno determinará quién permanece, quién puede o no pagar según el control de ganancias e ingresos, si el espacio es demasiado o el lujo excesivo. Es seguro que luego determine según el crédito social quién debe ser expulsado, el “bien común” basado en una emergencia o una alarma serán suficiente justificativo. El control de alquileres es sólo el primer paso. El resto de la historia es bien conocido.

por Karina Mariani

Ver todos los episodios