La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos define la fragilidad, en el caso de los Estados, como “la combinación de exposición al riesgo e insuficiente capacidad por parte del estado, sistema y/o comunidades para gestionar, absorber o mitigarlo. Así, “la fragilidad puede conducir a resultados negativos, incluida la violencia, el colapso de instituciones, desplazamientos, crisis humanitarias u otras emergencias”. La fragilidad estatal se comprende como un fenómeno multidimensional, en el que confluyen indicadores económicos, medioambientales, de convivencia social, políticos, y por supuesto, de seguridad. Ningún Estado moderno puede prescindir de su capacidad de generar leyes y hacerlas valer entre sus gobernados

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