Sin ningún lugar para la duda la informalidad, en todas sus formas, es uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad y economía. Y entre sus múltiples aristas, la laboral en particular debiera constituirse para todos nosotros en una prioridad a combatir, por su preponderante responsabilidad en la calidad de vida de los ciudadanos.
Para quienes pretendan desconocer esta realidad, bastarán un recorrido por nuestra capital o realizar un viaje hacia alguna localidad del interior para poder observar la enorme cantidad de personas dedicadas a actividades informales. Y la percepción del problema ya adquiere dimensiones alarmantes cuando nos detenemos en las cifras y estadísticas oficiales, que indican que más de la mitad de la población económicamente activa opera en mayor o menor medida al margen de las leyes, al mismo tiempo que al desamparo de las mismas. Aunque esté –lastimosamente- cuasi normalizada, esta problemática constituye una cuestión de fondo y forma que nos afecta a todos.

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