TESTIMONIOS DE FAUSTO SPOTORNO ( ANALISIS ECONOMICO), JORGE GIACCOBE(ANALISIS POLITICO, ENCUESTAS) MARIO NEGRI
Se acortan los tiempos para la muy extensa demanda en los tribunales de Nueva York por la expropiación que hizo el Estado nacional de YPF en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.
El 23 de junio próximo se presentarán los últimos informes y la jueza Loretta Preska, del tribunal de primera instancia del Distrito Sur de Manhattan, podría fallar al día siguiente. O convocar una nueva audiencia, o rechazar los pedidos de ambas partes y ordenar que se haga el juicio: aunque parezca mentira, este proceso, que comenzó hace siete años, está en etapa prejudicial.
Burford Capital, un bufete de acción global que cotiza en la bolsa de Londres, al que muchos compararon por su accionar como un “fondo buitre”, compró el derecho a litigar contra YPF y el estado argentino a dos ex accionistas privado de la petrolera –Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina– que en su momento argumentaron que YPF debió hacer una oferta pública a los accionistas minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario al momento de la expropiación, la española Repsol. Ese es el eje central de la causa.
El 60% de toda la información de la demanda es confidencial, no se conoce: en esos folios hay declaraciones de ex ejecutivos de la petrolera, ex accionistas, de los demandantes, síndicos y otros protagonistas. ¿Puede haber sorpresas surgidas de ese material? Claro, la que tiene el escenario completo de la situación es Preska, quien además es una profunda conocedora de la demanda desde el minuto cero
Según un cálculo que hicieron los demandantes, usando el estatuto de YPF y calculando diferentes escenarios de intereses luego de siete años de juicio, la demanda podría tener un costo en un rango de entre USD 8.500 millones y hasta unos USD 20.000 millones.
“Está claro que el gobierno de Argentina debería haber lanzado una oferta pública por todas las acciones no incluidas en la expropiación y, al no hacerlo, dio a las empresas Petersen y a Eton Park Capital razones suficientes para presentar una demanda en busca de una indemnización. Pero Argentina ha presentado sólidos argumentos para persuadir a la jueza Preska para que falle a su favor, alegando, sobre todo, que estaba impedido por su propia leyes de adquirir acciones adicionales”, destacó Maril.
Si Argentina pierde los escenarios podrían incluir apelaciones, búsquedas de nuevos mediadores, oferta de pago con bonos (de los devaluados del país o de la empresa), venta extra de acciones por parte de la empresa y hasta futuras negociaciones según quien gane las elecciones presidenciales de 2023 y posibles embargos en EEUU para la empresa.

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