Argentina recibió hoy un cachetazo jurídico en los tribunales de Nueva York. La jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, finalmente falló en contra del reclamo del país de trasladar a Buenos Aires el juicio por la manera en que se reestatizó YPF en 2012; con lo que será en los Estados Unidos donde se dirimirá la causa. Y, si se cumple la jurisprudencia que la propia Preska aplicó hasta ayer, el caso tendría una resolución negativa para el país. Y si evoluciona con la aplicación de los intereses que reclaman los demandantes; el dinero que debería liquidar la Argentina podría subir hasta los u$s3.000 millones. Una enormidad de dinero por una demanda por el 49% de las acciones de una compañía que hoy vale, en el mejor de los casos, unos u$s1.900 millones.
La jueza dictaminó además que el próximo 19 de junio como la nueva fecha en la que las partes volverán a reunirse en su tribunal, y donde deberían procurar un acuerdo sobre la forma de liquidar el dinero; ya que en octubre de 2016 la magistrada ya había fallado a favor de los demandantes; sentencia que quedó firme en las dos apelaciones que en su momento hizo el gobierno de Mauricio Macri.
Se descarta que Argentina rechazará liquidar el dinero que se reclama y que se reservará el derecho de apelar ante la Cámara de Nueva York o, incluso, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ninguna de estas instancias le garantizan al país triunfar en la causa; pero le darán un tiempo imprescindible para rearmar la estrategia judicial y quizá hasta dos años hasta llegar a diagramar un cronograma de pagos.
Lo importante de una complicación judicial de este tipo, es que si Preska siguiera la jurisprudencia que en su momento mantuvo su antecesor Thomas Griesa; le podría prohibir el pago en Wall Street de las liquidaciones de deuda dentro del programa de renegociación que está encabezando el ministro Martín Guzmán. Así lo decretó el juez ya fallecido durante el "Juicio del Siglo" contra los fondos buitres, obligando al país a llegar a un "default técnico" en 2014 por decidirse, para evitar embargos, liquidar los vencimientos de deuda en Buenos Aires durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

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