El debate por el alza del sueldo presidencial expone una confusión recurrente entre voluntad política y realidad institucional. Ni el Presidente fija su remuneración ni puede bajársela por decisión propia, del mismo modo que no puede vender bienes que no le pertenecen al Estado. Este análisis desmonta promesas de campaña, revisa el rol de la Comisión de Remuneraciones y pone el foco donde incomoda: en el uso de símbolos, en la pedagogía democrática ausente y en la brecha entre discurso y verdad. Más que cifras, lo que está en juego es la honestidad política y la madurez de nuestra democracia.

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