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Escuchar "Pedro Javier Tendero y Jesús Martínez explican la decisión del consistorio con los trabajadores de Aqualia"
Síntesis del Episodio
Los tribunales obligan al Ayuntamiento de Motilla a indemnizar o admitir al trabajador de Aqualia. El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación y desde el consistorio han asegurado que indemnizarán con 25.000 euros por despido improcedente, ante lo que consideran una decisión judicial “que se salta la Constitución”.
En el año 2017 se abrió este proceso judicial por dos trabajadores de la empresa Aqualia que fueron despedidos, después de que el Ayuntamiento remunicipaliara el servicio de aguas. La empresa defendía que estas personas tendrían que ser reabsorbidas por el consistorio, mientras que el Ayuntamiento aseveraba que era un contrato con una empresa privada que llegaba a su fin y estas personas tendrían que ser reubicadas por Aqualia. El juzgado de lo social de Cuenca falló de forma favorable para el Ayuntamiento motillano, pero el recurso interpuesto por los trabajadores ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha revisó esta sentencia y cambió el veredicto, obligando al consistorio a indemnizar o admitir a estos dos trabajadores. El Ayuntamiento recurrió al Tribunal Supremo, quien no ha admitido a trámite el recurso por uno de los trabajadores y, previsiblemente, aplicará la misma doctrina para el otro.
El equipo de gobierno ha declarado en esta emisora que piensan pagar la improcedencia de los despidos que ascenderá en total a 45.000 euros aproximadamente. El alcalde de Motilla, Pedro Javier Tendero, considera que si readmitieran a los trabajadores “se saltarían los principios de transparencia, igualdad y mérito que han pasado todos los trabajadores del Ayuntamiento”.
Además, el consistorio está gestionando el servicio de aguas con una bolsa de trabajo y con personal propio, por tanto, consideran que habría una duplicidad laboral. El equipo de gobierno asevera que invertirá parte de los 60.000 euros de superávit para pagar las indemnizaciones
El teniente alcalde, Jesús Martínez, ha ido más allá con sus críticas a la sentencia tachándola de “saltarse la Constitución y laminar la democracia”.
Hace unos meses el equipo de gobierno tomó una decisión diferente con una trabajadora del Centro de Atención a la Infancia que fue despedida durante el gobierno del Partido Popular y los tribunales también decretaron la readmisión. Según el edil de Izquierda Unida era un caso diferente porque esta trabajadora “sí había aprobado un examen para acceder a su plaza”.
En el año 2017 se abrió este proceso judicial por dos trabajadores de la empresa Aqualia que fueron despedidos, después de que el Ayuntamiento remunicipaliara el servicio de aguas. La empresa defendía que estas personas tendrían que ser reabsorbidas por el consistorio, mientras que el Ayuntamiento aseveraba que era un contrato con una empresa privada que llegaba a su fin y estas personas tendrían que ser reubicadas por Aqualia. El juzgado de lo social de Cuenca falló de forma favorable para el Ayuntamiento motillano, pero el recurso interpuesto por los trabajadores ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha revisó esta sentencia y cambió el veredicto, obligando al consistorio a indemnizar o admitir a estos dos trabajadores. El Ayuntamiento recurrió al Tribunal Supremo, quien no ha admitido a trámite el recurso por uno de los trabajadores y, previsiblemente, aplicará la misma doctrina para el otro.
El equipo de gobierno ha declarado en esta emisora que piensan pagar la improcedencia de los despidos que ascenderá en total a 45.000 euros aproximadamente. El alcalde de Motilla, Pedro Javier Tendero, considera que si readmitieran a los trabajadores “se saltarían los principios de transparencia, igualdad y mérito que han pasado todos los trabajadores del Ayuntamiento”.
Además, el consistorio está gestionando el servicio de aguas con una bolsa de trabajo y con personal propio, por tanto, consideran que habría una duplicidad laboral. El equipo de gobierno asevera que invertirá parte de los 60.000 euros de superávit para pagar las indemnizaciones
El teniente alcalde, Jesús Martínez, ha ido más allá con sus críticas a la sentencia tachándola de “saltarse la Constitución y laminar la democracia”.
Hace unos meses el equipo de gobierno tomó una decisión diferente con una trabajadora del Centro de Atención a la Infancia que fue despedida durante el gobierno del Partido Popular y los tribunales también decretaron la readmisión. Según el edil de Izquierda Unida era un caso diferente porque esta trabajadora “sí había aprobado un examen para acceder a su plaza”.