El 23 de junio del presente año, la Corte Constitucional dictaminó la improcedencia de la propuesta de consulta popular que pretendía conocer si las quiteñas y quiteños querían minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala en el Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito y en las parroquias del Distrito Metropolitano de Quito que integran la Mancomunidad del Chocó Andino.
Las razones de la corte para llegar a esa conclusión, de acuerdo con muchos expertos, van de enigmáticas hasta a absurdas. Haciendo referencia al solapamiento de territorios o al conflicto de autoridades locales vs nacionales; la Corte Constitucional vio suficientes razones para negar esta propuesta. Dejando sin protecciones constitucionales a las comunidades que están siendo afectadas por proyectos mineros.
Ante este escenario es importante contestar preguntas como: ¿Qué es una consulta popular? ¿Qué pretendía esta propuesta de consulta popular? ¿Cuáles fueron los problemas que la Corte constitucional encontró en esa propuesta? Y tal vez la más importante. De acuerdo al comportamiento de la Corte Constitucional ¿Las consultas populares están al alcance de todos y todas?
Para responder estas preguntas tenemos dos invitados. Verónica Potes, abogada experta en derecho ambiental y derechos humanos indígenas e Inty Arcos Coordinador Técnico de la Mancomunidad del Chocó Andino.

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