En una entrevista a Sergio Parodi, nos cuenta sobre un amparo colectivo presentado contra empresarios y una jueza mendocina amiga de titulares de una de las empresas más importantes de Mendoza, que no permitió que la denuncia prospere, archivando la causa.
El caso cobró relevancia cuando se expuso un negocio pedófilo encriptado dentro de la mafia de la pornografía infantil, y se señaló la complicidad de magistrados corruptos que no imputaron a los "grandes empresarios" involucrados en la trata de personas.

Según información recibida, la jueza federal Olga Arrabal de Canals desestimó en 2007 una acción de amparo que buscaba regular los contenidos pornográficos en internet, argumentando que no era competencia de su jurisdicción tomar medidas al respecto. Este fallo provocó una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público.

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