Este activismo político de un tribunal de justicia es una subversión del orden constitucional, una grave atentado contra la democracia. Las sentencias del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo "pretende(n) instaurar un antidemocrático gobierno de los jueces sobre la autonomía de los Parlamentos".
"En ningún sistema democrático se contempla la posibilidad de que el Tribunal Constitucional tenga la capacidad de inmiscuirse en la autorregulación del funcionamiento de las sesiones de una cámara legislativa".

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