El gobierno del presidente Nicolás Maduro ordenó el jueves 15 del corriente mes de febrero a un organismo de las Naciones Unidas, que supervisa y defiende los derechos humanos, que abandonara Venezuela, acusando a los 13 funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país de ser un "bufete particular de grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”. Los analistas políticos señalan que esta medida extraordinaria despoja, aún más, al país de la supervisión extranjera en un momento en que su gobierno ha sido acusado de intensificar la represión.

Ciertamente, esta acción rompe con el canal que se había establecido en 2019, para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos en el terreno, canalizar ayuda humanitaria y hacer recomendaciones para mejorar el sistema de justicia en el país. Las buenas intenciones de la ex-Alta Comisionada Michelle Bachelet no fueron suficientes. No tuvo en cuenta que se trataba de una dictadura y, como toda dictadura, no atiende ni le interesa sugerencias sobre los derechos humanos ni sobre ninguna política que desee poner en práctica. Ven en cualquier pronunciamiento una intromisión, una violación a la soberanía del país, el paraguas bajo el cual se esconden los dictadores.

La represión, la violación de los derechos humanos, la expulsión de diplomáticos extranjeros o la renuncia a organismos regionales e internacionales se practican en Venezuela desde la asunción al poder del difunto hasta nuestros días. En tal sentido, la expulsión de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas solo engrosa una amplia lista de medidas similares que el chavismo ha tomado a lo largo de los años contra sus críticos.

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