Por: lacausar

La comunidad de Kumarakapay (San Francisco de Yuruari), del municipio Gran Sabana, no ha recuperado la tranquilidad del sueño que le arrebataron el 22 de febrero de 2019 durante el anuncio del ingreso de la ayuda humanitaria, que en ese entonces había sido gestionada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido por el Gobierno de Estados Unidos como presidente interino de Venezuela.

Lo cierto es que, al margen de los avatares políticos que distan de resolver la crisis institucional, los familiares de las víctimas a causa del asalto militar ocurrido en las comunidades indígenas de Santa Elena de Uairén entre el 22 y 23 de febrero no conocen siquiera el primer detenido por una irrupción arbitraria que sigue rodeada de incógnitas.

El origen del sangriento hecho estuvo en la determinación de un grupo de pemones de Kumarakapay en procura de facilitar la entrada de la ayuda humanitaria -promovida por la directiva de la Asamblea Nacional- debido al bloqueo de vehículos militares en la frontera con Brasil ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro.

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