Hoy contamos en la Tertulia en Libertad con Asís Timermans y María Jamardo para hablar sobre los temas más relevantes de hoy. Begoña Gómez pide retrasar su declaración.

La defensa de Begoña Gómez, ejercida por el exministro Antonio Camacho, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que suspenda la declaración de su clienta como investigada, fijada para el próximo 11 de septiembre. 

En su escrito, presentado el 21 de agosto, alega un conflicto de agenda, ya que ese mismo día Camacho tiene señalada otra comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Arona (Tenerife), prevista con anterioridad al auto de citación.

El juez Peinado dictó el señalamiento el pasado 18 de agosto, cuando decidió imputar a Gómez por un presunto delito de malversación en relación con la contratación de una asesora personal en la Moncloa. 

Esta nueva imputación supuso un giro en la investigación, que hasta entonces se centraba en otros posibles delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

En su solicitud, la defensa pide expresamente que se suspendan las declaraciones programadas para el 11 de septiembre y que se señale una nueva fecha. Para avalar la petición, se adjunta el auto del juzgado canario que confirma la citación de ese mismo día, a las 10:30 de la mañana, lo que imposibilitaría la asistencia de Camacho a la comparecencia de su clienta en Madrid.

Más temas de la Tertulia:

En la tertulia también les hablamos de que hoy se publica el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.

Hoy se publica en el BOE el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, la paradoja es que "la corrupción se investiga a sí misma". 

Los miembros de la Comisión Interministerial que elaborará las estrategias anticorrupción son precisamente María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Félix Bolaños, Marlaska, Urtasun y Óscar López, algunos de ellos salpicados por casos de corrupción. 

El plan se estructura en cinco ejes con quince medidas que incluyen la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, controles aleatorios del patrimonio de altos cargos y una "lista negra" de empresas corruptas.

Las medidas contemplan reforzar la Fiscalía Anticorrupción, ampliar plazos de prescripción, crear el "decomiso administrativo" sin condena previa y obligar a auditorías externas para partidos con financiación superior a 50.000 euros. También se reduce el umbral de publicación de donaciones de 25.000 a 2.500 euros y se impulsa la "Ley de lobbies".

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