El Tribunal Supremo ha solicitado al Congreso de los Diputados el suplicatorio para proceder contra José Luis Ábalos, al apreciar indicios de la comisión de varios delitos durante su etapa como ministro de Transportes. 

En concreto, el magistrado ha identificado posibles delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

Esta decisión se produce tras las declaraciones de Víctor de Aldama, considerado el principal vínculo corruptor de la trama, así como las de Ábalos y su antiguo asesor, Koldo García. Además, Aldama ha entregado nueva documentación al Supremo con la intención de demostrar que tanto Ábalos como García recibieron comisiones a cambio de adjudicar contratos públicos a empresas afines.

El magistrado Leopoldo Puente ha concluido que existen «elementos suficientes» para considerar que Ábalos, «aprovechándose de su condición de ministro» y «a cambio de beneficios económicos personales», habría influido en la adjudicación de contratos públicos. Estos contratos, relacionados con la adquisición urgente de material sanitario durante la pandemia de la COVID-19, incluían mascarillas, trajes de protección y laboratorios para identificar rastros de la enfermedad.

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