Un día después de conocerse que Begoña Gómez será juzgada por un jurado popular por presunto delito de malversación, el juez instructor ha ordenado nuevas diligencias a la UCO en relación con la cátedra creada para ella en la Universidad Complutense. El magistrado Juan Carlos Peinado considera que existen indicios de que su asesora trabajó para intereses personales de la esposa del presidente.

El juez ha solicitado a la UCO un informe detallado sobre los correos electrónicos intercambiados entre Gómez y su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, con el exvicerrector Juan Carlos Doadrio. Esta figura fue clave en la puesta en marcha de la cátedra de Transformación Social Competitiva, donde Doadrio admitió que fue el rector quien le ordenó habilitar ese puesto específicamente para Begoña Gómez.

Las nuevas diligencias del juez incluyen el análisis de la documentación de la UCM sobre el convenio de creación de la cátedra y sus posteriores adendas. Esta investigación busca esclarecer si recursos públicos fueron utilizados indebidamente para beneficio personal de la esposa del presidente del Gobierno.

Investigación del contrato con Deloitte

El juez también ha requerido a la Universidad Complutense un informe sobre el contrato adjudicado a Deloitte Consulting tras un procedimiento abierto simplificado, firmado el 14 de noviembre de 2023. Esta línea de investigación incluye tanto los documentos anexos como las respuestas emitidas, buscando conexiones con la cátedra de Gómez.

La ampliación de la investigación evidencia cómo el caso se extiende más allá del uso de personal público para fines privados. Las nuevas diligencias del juez apuntan a un esquema más complejo de presunto uso indebido de recursos universitarios y contratos públicos en beneficio de la esposa del presidente.

Estas decisiones judiciales confirman la gravedad de las imputaciones contra Begoña Gómez y su entorno. El juez considera que existe suficiente base probatoria para investigar si la asesora de Moncloa trabajó para intereses particulares utilizando recursos públicos, configurando un presunto delito de malversación con ramificaciones institucionales importantes.

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