La Audiencia Provincial de Sevilla ha dado un giro inesperado al caso de los ERE de Andalucía al considerar que la revisión de las condenas realizada por el Tribunal Constitucional el pasado verano podría «no ser del todo compatible con el derecho de la Unión Europea».

La Sección Primera del tribunal sevillano, encargada de dictar una sentencia definitiva basada en los hechos probados aceptados por el Constitucional, ha decidido plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta decisión, que responde a una petición del Partido Popular en su papel de acusación particular, busca determinar si el TC se extralimitó al revisar las condenas de la cúpula del PSOE andaluz entre 2000 y 2008, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán como principales implicados.

En una providencia notificada ayer a las partes, la nueva sala, creada ad hoc para culminar el proceso tras la revisión del caso, ha solicitado la opinión de los implicados antes de elevar la cuestión prejudicial. Los afectados disponen de diez días para responder a una serie de preguntas formuladas por los cinco magistrados que integran el tribunal, encabezados por Pilar Llorente, una de las tres juezas originales, junto con Encarnación Gómez Casielles y el ya jubilado Juan Antonio Calle Peña.

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