El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La Sala presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta lo ha absuelto del resto de las acusaciones. Además, el máximo responsable del Ministerio Público deberá abonar una multa de 7.300 euros —calculada a razón de 20 euros diarios— y asumir las costas procesales, incluidas las de la acusación particular.
En concepto de responsabilidad civil, García Ortiz tendrá que indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por los daños morales ocasionados. El fallo ha sido adoptado por mayoría, aunque no de forma unánime.
La resolución incorpora dos votos particulares, firmados por las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, quienes discrepan del criterio de la mayoría, lo que ha motivado un cambio en la ponencia asumida por Martínez Arrieta.
Fuentes del Supremo señalan a THE OBJECTIVE que los objetos incautados durante los registros serán devueltos a sus propietarios o destruidos.
La defensa de García Ortiz aún puede recurrir la sentencia mediante un incidente de nulidad —un recurso que raramente prospera—, paso necesario para poder solicitar posteriormente el amparo del Tribunal Constitucional.

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