La característica de este mes de enero del 2017 es sin duda el ataque despiadado que se viene desplegando contra pequeños productores del campo, contra la gente que produce los rubros alimentarios básicos que a diario consumimos. El desalojo violento de las personas que se dedican a las actividades del campo es parte de las decisiones tomada por poderosos grupos económicos que apetecen apropiarse “como sea” de la
mayor cantidad de terrenos. Estos ilegales procedimientos se han venido ejecutando sin pausa a través de estos últimos años, son capitalistas y nuevos ricos que se benefician de estas prácticas, utilizando para ello grupos de choque, conformados por una variedad de funcionarios locales, de grupos de delincuentes y hasta de escuadrones de invasores profesionales que mueven a conveniencia de un predio a otro, con la finalidad de hacerse dueños de grandes extensiones de terrenos que existen en nuestro estado llanero. El objetivo es tener la propiedad del medio de producción, es decir la tierra, la producción agropecuaria no les interesa. Es ésta su lógica, su verdadera motivación; cuentan con la complicidad directa o por omisión de algunos funcionarios pertenecientes o que aparecen en nóminas de instituciones del estado encargadas de velar que se cumplan la Constitución Nacional y las disposiciones legales creadas por el Comandante Chávez.

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