El pasado 7 y 8 de octubre, alrededor de 700 trabajadores de Canal 11 fueron notificados sobre un cambio en su régimen fiscal: pasarían de estar contratados bajo el esquema de arrendamiento de servicios a personas físicas con actividad empresarial.
Esta modificación impacta directamente en la forma en que reciben su salario, ya que dejarían de cobrar de manera quincenal para recibir un solo pago mensual, lo que afecta su estabilidad económica.
En entrevista con una trabajadora del canal —medio público perteneciente al Instituto Politécnico Nacional (IPN)—, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, se reveló que la notificación fue hecha de forma “insolente” y sin previo aviso. La entrevistada recordó que en meses anteriores ya se habían presentado retrasos en los pagos, situación que incluso fue mencionada en la conferencia presidencial conocida como La Mañanera.
Las y los trabajadores expresan miedo de alzar la voz ante la posibilidad de perder su empleo; sin embargo, el malestar es generalizado. Además, denuncian la falta de insumos básicos para realizar su trabajo, lo que agrava las condiciones laborales.
“Es un conjunto de problemáticas que revela lo que siempre ha estado de fondo: la precarización del trabajo en el periodismo y la comunicación, y también la urgencia de organizarnos como gremio. Esto le conviene a los patrones y al capital, que no exista una estructura laboral fuerte ni unida”, expresó la trabajadora entrevistada.
En los próximos días, se prevé la presentación de un pliego petitorio, cuyo objetivo no es la destitución de directivos, sino exigir el respeto a los derechos laborales básicos que toda persona trabajadora debería tener.

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