En junio de este año, un nuevo escándalo de corrupción estalló en todos los noticieros del Ecuador. Mientras investigaban contratos con sobreprecio en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante la pandemia, descubrieron que el principal implicado, Daniel Salcedo, tenía un carnet de discapacidad emitido con informes médicos incompletos y sin respaldo técnico ni justificación respecto al 40% de discapacidad auditiva que constaba en dicho documento. Salcedo no era el único, la prensa empezó a difundir los nombres de decenas de asambleístas, jueces, funcionarios públicos y futbolistas que portaban carnets de discapacidad con los que pudieron adquirir vehículos a bajo costo entre otras prebendas. Se trataba de otra red de corrupción más que cobraba hasta 3 mil dólares por emitir un carnet, servicio que llegó a ofertarse incluso por redes sociales. La respuesta de la sociedad dejó ver el problema de fondo: la idea sobre la discapacidad y los derechos humanos, y cómo el carnet puede ser, en sí mismo, un elemento de estigmatización.

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