Escuchar "Ciclo dictadura y DDHH. Democracia e impunidad con Martín Fernández"
Síntesis del Episodio
Comenzamos un nuevo ciclo sobre dictadura, DDHH e impunidad.
Se ha escuchado mucho en los últimos meses en el parlamento la frase “dar vuelta la página”, se ha cuestionado sistemáticamente a la justicia por procesar a militares implicados en crímenes de lesa humanidad. Esto es para nosotros una de las definiciones de impunidad, un estado terrorista que no se somete a la justicia por sus crímenes.
El día martes 4 de agosto en horas de la tarde el partido Cabildo Abierto representado por los Senadores Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano presentaron un proyecto para derogar la Ley de Pretensión Punitiva del Estado (ley nº 18.831, también conocida como “interpretativa de la ley de caducidad”) con la intención de “reinstalar” la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley nº 15.848).
La Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esta norma en 2009. Y existe una sentencia del 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman, que obliga a Uruguay a juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura y que deja sin efecto a la ley de caducidad.
Sobre las implicancias de este proyecto de ley, los crímenes de lesa humanidad y los tratados internacionales vamos a estar conversando en minutos con el abogado de Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), Martín Fernandez.
Se ha escuchado mucho en los últimos meses en el parlamento la frase “dar vuelta la página”, se ha cuestionado sistemáticamente a la justicia por procesar a militares implicados en crímenes de lesa humanidad. Esto es para nosotros una de las definiciones de impunidad, un estado terrorista que no se somete a la justicia por sus crímenes.
El día martes 4 de agosto en horas de la tarde el partido Cabildo Abierto representado por los Senadores Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano presentaron un proyecto para derogar la Ley de Pretensión Punitiva del Estado (ley nº 18.831, también conocida como “interpretativa de la ley de caducidad”) con la intención de “reinstalar” la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley nº 15.848).
La Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esta norma en 2009. Y existe una sentencia del 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman, que obliga a Uruguay a juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura y que deja sin efecto a la ley de caducidad.
Sobre las implicancias de este proyecto de ley, los crímenes de lesa humanidad y los tratados internacionales vamos a estar conversando en minutos con el abogado de Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), Martín Fernandez.
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