El golpe de Estado perpetrado el 24 de Marzo de 1976 se dio en un contexto de enorme conflictividad social. El objetivo era imponer planes sociales de ajuste y vencer la resistencia de los trabajadores.
En ese contexto, el terrorismo de Estado operó en la clandestinidad al margen del Poder Judicial. Sin embargo, existieron muchas formas en que los jueces colaboraron con el régimen. La Suprema Corte de Justicia de la dictadura convalidó el acta institucional del proceso y el Estatuto del proceso de reorganización nacional dándole un estatus constitucional, legalizando la dictadura.

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