En Canarias, mediante el Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, que regula el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia, estará en vigor hasta que sea declarada la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito nacional.

En esta normativa además de establecer los requisitos a los que deberán ajustarse las pruebas diagnósticas, tanto en el sector público como en el privado, dispone que la denegación del consentimiento informado por el paciente, se recogerá por escrito y conllevará la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad a la que se condicionó la realización de la prueba diagnóstica, así como, en su caso, la posibilidad de imposición de restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por el Decreto ley, que además añade que este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación.

Estaremos atentos para ver como se interpreta esta normativa, puede que haya un giro de acontecimientos para el resto del territorio español.





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