Poner fin a un embarazo es una decisión común, que toman millones de personas: todos los años, el 25% de los embarazos acaban en aborto.

Y con independencia de que el aborto sea o no legal, la gente sigue necesitando servicios de aborto y accediendo de manera habitual a ellos. De acuerdo con el Instituto Guttmacher, organización sin ánimo de lucro del campo de la salud reproductiva con sede en Estados Unidos, la tasa de abortos es de 37 por 1.000 personas en los países que prohíben el aborto totalmente o lo permiten sólo en caso de riesgo para la vida de la mujer y de 34 por 1.000 personas en los que lo permiten en general, diferencia que no es significativa estadísticamente.

Cuando lo practica un proveedor de servicios de la salud capacitado y con las debidas condiciones de salubridad, el aborto es uno de los procedimientos médicos que menos riesgos entraña, menos aún que el parto.

Pero cuando los gobiernos restringen el acceso al aborto, las personas se ven obligadas a recurrir a abortos clandestinos y con riesgo, en especial si no tienen medios para pagarse un viaje a otro país o atención privada.

Lo que nos lleva al siguiente aspecto de la cuestión.

PENALIZAR EL ABORTO NO LO IMPIDE, SÓLO HACE QUE SEA MENOS SEGURO

Panelistas:
Edison Montoya. Investigador.
Ulises Maldonado Historiador

Conducción:
Dawits Buitrago.
Sandra Rincón

Invitados:
Abogada. Dora María Rodríguez
Medico. Rubén Darío Cortez
Psicóloga. Doris Forero
Católico. Luis Fernando Escobar

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