Recibo con asombro y desazón la ocurrencia que salió ayer desde la Asamblea Legislativa para abordar el asunto, pues parece producto de una respuesta emocional más que racional. En resumen, 18 diputadas y diputados de cuatro partidos políticos, así como independientes, presentaron un proyecto de ley que inhabilitaría a quien ejerza la presidencia y las vicepresidencias de la república (entre otros funcionarios) de ocupar cargos públicos durante ocho años por actos de violencia política contra las mujeres.

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