El secreto bajo el que el Estado salvadoreño mantiene el expediente judicial de Ruth López, jefa de anticorrupción y justicia de una organización de defensa de derechos humanos, es apenas un rasgo de las muchas arbitrariedades que hay en su caso. Es imposible saber de qué la acusa exactamente la dictadura, así como ocurre con los 85,000 casos del régimen de excepción. Además, la dictadura salvadoreña ha pedido que no se diga nada del cumplimiento de las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en septiembre para intentar resguardar su integridad.

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