La fiscalía española atraviesa una profunda crisis de credibilidad. En lugar de actuar como un organismo independiente al servicio de la justicia, se ha convertido en una herramienta política al dictado del Gobierno. La designación de fiscales generales afines, el silencio ante la corrupción del poder y la tibieza frente al separatismo evidencian una preocupante sumisión. Esta deriva debilita el Estado de derecho y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones. Una fiscalía que actúa por intereses partidistas no es garantía de justicia, sino un grave síntoma de deterioro democrático. España necesita fiscales libres, no comisarios políticos encubiertos.

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