El 2 de diciembre de 1970, el gobierno de Salvador Allende usó por primera vez el decreto 532 para expropiar empresas, y en este caso afectó a la textil Bellavista Tomé, en ese tiempo de propiedad de Teófilo Yarur Asfura.
El Gobierno de la Unidad Popular inició un proceso de regulación del mercado con la intención de estatizar la economía, traspasando buena parte de las empresas privadas al Estado.

Fue este uno de los puntos del programa de Gobierno que generó mayor fricción con la oposición, y que además fue provocando un paulatino distanciamiento con la Democracia Cristiana.

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