El 20 de febrero se celebró el Día Mundial de la Justicia Social. En El Salvador, la fecha pasó prácticamente inadvertida, a pesar de que la justicia social aparece en la Constitución como uno de los deberes fundamentales del Estado para con los ciudadanos. En efecto, el numeral 1 de la Constitución pone los elementos básicos de la convivencia y del sentido del Estado al servicio de la persona. La persona humana, con su dignidad fundamental, aparece como “el origen y el fin” de la actividad estatal. Y poco más adelante, en el mismo numeral, se insiste en que “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la república el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Desde 1983, fecha de la promulgación de la Carta Magna, todos los Gobiernos, con sus más y sus menos, hicieron algo en favor de la libertad, la salud y la cultura. Poco, sí, pero el menos algo. Sin embargo, en bienestar económico y en justicia social el suspenso es evidente. En las encuestas, el problema de la economía ha sido una constante, a veces incluso por encima de la violencia como preocupación popular.

En justicia social, entendida como igualdad en derechos básicos, el fracaso es mayor que en el campo del bienestar económico. Ni en salud, ni en educación, ni en pensiones, ni en acceso a la justicia hay igualdad. Al contrario, los 40 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución han estado marcados por la desigualdad, y en la actualidad no hay cambios sustanciales al respecto. La primera definición de justicia social la dio a mediados del siglo XIX un sacerdote jesuita: “Virtud que iguala de hecho a los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”. Si la virtud es una fuerza para la acción, en El Salvador no hay fuerza ni mucho menos igualdad básica en derechos. Si cuando la Constitución se tomaba relativamente en serio las cosas iban mal, ahora que se ha convertido en un juguete al que se le pueden cambiar las piezas rápidamente, ya no hay freno legal al cual recurrir ante los desmanes de los poderosos.

Sin embargo, la justicia social, como creadora de igualdad en derechos básicos, es vital no solo para la convivencia, sino también para un desarrollo inclusivo y justo. Los trabajadores son poco productivos porque el Estado no invierte lo adecuado en educación ni en formación profesional. Aristóteles, uno de los filósofos más señeros de la cultura griega, decía que tanto la desigualdad como la igualdad absoluta son injustas si se aplican desde una sola idea. Si el poder decide quiénes son iguales y quiénes desiguales, la convivencia democrática pierde sentido. Y así lo refrendaba el pensador griego: “Si la libertad y la igualdad son las dos bases fundamentales de la democracia, cuanto más completa sea esta igualdad en los derechos políticos, tanto más se mantendrá la democracia en toda su pureza”.

Desdeñar la justicia social, reducirla a simple frase formal de una Constitución sujeta al capricho del poder, es peligroso y dañino tanto en el corto como en el largo plazo. Si el Estado no está al servicio de todas las personas y si la justicia social no lo inspira, el futuro del país será de exclusión, abuso y discriminación, por mucho que la propaganda repita lo contrario.

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