En El Salvador de los últimos 50 años, la falta de certezas ha sido crónica. Salir de la incertidumbre de una guerra civil sin vencedores fue una de las bases racionales de la solución negociada y pacífica del conflicto armado. Pero la firma de la paz no supuso romper la incertidumbre económica, a la que se sumó una inseguridad pública provocada por la injusticia social y por pandillas cada vez más violentas. Además, la desconfianza en el sistema judicial, en las instituciones estatales en general e incluso en las redes de protección social continuó activa, llegando hasta la época actual. En el caso de nuestro país, la incertidumbre responde a problemas estructurales de larga data y, lejos de disminuir, va en aumento. Si bien quizás un 25% de la población encuentra seguridad y estabilidad dentro de las fronteras, las grandes mayorías viven sin tener la seguridad mínima para planificar su futuro.

La estabilidad laboral es hoy un privilegio. El recorte de plazas en el Estado, el desalojo de ventas informales y la expropiación de tierras han perjudicado la economía de muchas personas. El salario mínimo, por otra parte, continúa siendo demasiado mínimo para cubrir las necesidades básicas. Y la economía nacional no crece lo suficiente como para generar esperanza de mejorías en los sueldos. Con la ola de agresividad antiinmigrante, migrar es una apuesta cada vez más incierta. Si Estados Unidos no ceja en la persecución de quienes no tienen regularizada la permanencia en el país, las remesas podrían venirse abajo. Asimismo, la inseguridad jurídica ha aumentado exponencialmente. La guerra jurídica contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos muestra un sistema judicial muy poco confiable, ajeno al derecho convencional y constitucional. Si en el pasado ya había jueces corruptos, hoy los jueces libres e independientes son una rara excepción. Y la prolongación del régimen de excepción se ha convertido en un factor que compromete el ejercicio de derechos como la libertad de expresión o la defensa de derechos básicos. El miedo a expresar el pensamiento, especialmente si es crítico, va en aumento. Y si a todo lo anterior se suman las amenazas del cambio climático, de la explotación minera a cielo abierto y del egoísmo individualista del “sálvese quien pueda”, no sorprende que una profunda incertidumbre caracterice hoy al país. Aunque la propaganda pinta un El Salvador de ensueño, la realidad erosiona cada vez más la confianza en el futuro.

Todo ser humano necesita contar con un mínimo de esperanza y optimismo para el sano desarrollo de su historia personal y social. La incertidumbre, en cambio, tiende a reducir las expectativas de futuro, conduce al estancamiento y daña la moral. Nadie desea vivir en un país en el que sus ciudadanos alivian sus crisis escondiéndose en las redes sociales en vez de ser protegidos por un espíritu comunitario que les brinde apoyo y cohesión. Para reducir la incertidumbre es indispensable poner fin al régimen de excepción, respetar los derechos humanos, cesar la guerra jurídica contra la oposición, reconstruir una judicatura independiente y abrir un diálogo franco entre el Gobierno y la sociedad civil. Persistir en las causas de la incertidumbre solo garantiza subdesarrollo.

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