Hoy el debate gira alrededor de la muy grave situación que enfrentan en el país tanto la preservación del ecosistema y la biodiversidad como la vigencia de la democracia participativa, principios superiores de nuestro Derecho, pero afectados por decisiones administrativas y judiciales.

Por una parte, nos referimos a la Sentencia C-053/19, del 12 de febrero, proferida por la Corte Constitucional -mediante la cual fue declarado inexequible el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, sobre consultas populares en caso de amenaza de cambios significativos en el uso del suelo- y por otra al dictámen de la Comisión de Expertos contratada por el Gobierno sobre la viabilidad del procedimiento de "fracking" o "fracturación hidráulica" en nuestro territorio con miras a la extracción de hidrocarburos.

En todo ello juega papel de primordial importancia el principio de precaución, que está obligado a aplicar el Estado.

Intervienen los doctores José Gregorio Hernández Galindo -Director de La Voz del Derecho-, Antonio José Rengifo, Rodrigo Negrete Montes, Dionne Alexandra Cruz Arenas y Mirtha Patricia Bejarano.

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