Hoy, el Consejo de Ministros ha aprueba una ayuda de 10 millones de euros para los pacientes de ELA. Una cifra que suena bien en el titular, pero que, cuando se analiza, deja un sabor a limosna institucional. Una subvención directa que irá a parar a ConELA, encargada de gestionar una atención que debería ser una obligación moral del Estado. La ley ELA sigue sin aplicarse. No está. Y mientras tanto, se improvisan parches de última hora que difícilmente cubrirán una necesidad vital.

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, ha denunciado ante el Tribunal Supremo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por dejación grave de funciones durante los disturbios de Torre Pacheco. Hablamos con Pablo Risa, secretario provincial de JUCIL, explica cómo solo seis agentes tuvieron que enfrentarse al caos y la violencia en las calles antes de que llegaran refuerzos, una situación que pone en evidencia la falta de efectivos y medios para garantizar la seguridad.

La inmigración ilegal sigue siendo el tema candente de la actualidad: el Ayuntamiento de La Seu d’Urgell (Lérida) ha aprobado, con el apoyo de la CUP y el PSC, una polémica propuesta para ofrecer empleos públicos a inmigrantes ilegales. Esta iniciativa ha generado un enorme debate sobre legalidad, extranjería y el efecto llamada que podría provocar. ¿Pueden personas sin papeles acceder a plazas de funcionarios mientras los ciudadanos locales pagan sus impuestos y esperan oportunidades laborales?

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