Hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia: el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Nunca antes el máximo responsable del Ministerio Público, el garante de la legalidad, se había sentado en el banquillo de los acusados. Y, sin embargo, aquí estamos. El magistrado Ángel Luis Hurtado considera que existen indicios suficientes de que García Ortiz filtró a un medio de comunicación un correo confidencial entre el abogado de Alberto González Amador (pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso) y la Fiscalía. Una filtración con un objetivo claro: “ganar el relato”. Es decir, inclinar la balanza mediática a favor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en contra de Díaz Ayuso

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