El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido procesado por el Tribunal Supremo. No por una interpretación jurídica discutible. No por una discrepancia técnica. No por desmentir un bulo. No por perseguir un delito. Sino por un presunto delito claro y grave: revelación de secretos. El juez instructor, Ángel Hurtado, concluye tras siete meses de investigación que hay indicios suficientes para llevarle a juicio. Es decir, lo sienta prácticamente en el banquillo. Lo que se investiga no es una actuación imprudente ni un malentendido: es una filtración deliberada de correos confidenciales, enviados por la defensa del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la Fiscalía.

Después de confirmarse el procesamiento del Fiscal General del Estado por haber cometido un supuesto delito de revelación de secretos, las asociaciones de fiscales piden que sea responsable y presente su dimisión. Todas menos una, la cual él pertenece y fue su presidente y portavoz: la Unión Progresista de Fiscales. La asociación afirma que Álvaro García Ortiz es "víctima de un ataque a la democracia".

Por otro lado, la Comisión Europea ha alegado que la ley de amnistía es una “autoamnistía” y que es “contraria al Estado de Derecho”. Descartan que esta norma responda a un objetivo de "interés general reconocido por la Unión Europea” y afirman que solo se aprobó para poder alcanzar un acuerdo y lograr la investidura de Sánchez

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