Hablar de drogas ilícitas en Colombia no es fácil. Se convirtió en los últimos 30 años en un asunto interno y de políticas exterior. Por un lado, miles de familias campesinas, ciudadanos del común, empresas y otros agentes, se han visto afectados por la influencia de los carteles de la droga, del incremento en el consumo interno y la violencia derivada del negocio de la producción, procesamiento y distribución de narcóticos. Además, el punto 4 del acuerdo de paz firmado en 2016, se refiere a las medidas necesarias para acabar con la producción de drogas ilícitas en Colombia. Esto nos sitúa en un tema transversal de política pública criminal, de desarrollo, salud y seguridad y convivencia.

Por el otro lado, a nivel externo el país ha tenido que interiorizar en la política exterior multilateral y bilateral el tema para conseguir diversos objetivos. Primero, a partir de defender y en ocasiones justificar sus acciones para hacer frente al problema; segundo, en búsqueda de aliados internacionales para enfrentar a los grupos al margen de la ley que incluso en los años ochenta y noventas pusieron en jaque al Estado colombiano y que actúan desde el territorio nacional. Tercero, en los últimos años, a partir de invitar a la comunidad internacional a reflexionar sobre la necesidad de flexibilizar el régimen internacional de drogas con miras a establecer un enfoque más holístico que permita situar el asunto del consumo de drogas en la perspectiva adecuada del siglo XXI, con enfoque de derechos humanos, salud pública, entre otros.

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